Ajuste en Tarifas de Energía Tras Devaluación: Desafíos y Decisiones del Gobierno Nacional
En respuesta a las demandas planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la actualización de las tarifas de luz y gas después de la reciente devaluación, el Gobierno central se encuentra en pleno proceso de evaluación para determinar el impacto y alcance de un nuevo incremento tarifario. Esta medida, que se espera sea aplicada antes de finalizar el año, no solo está bajo la lupa del equipo económico, sino que también enfrenta el complejo contexto electoral y las exigencias del acuerdo con el organismo internacional.
En un intento por satisfacer las demandas del FMI y buscar mantener un equilibrio económico, el Gobierno se halla en la tarea de definir los niveles y categorías que se verán afectados por el próximo aumento. La entidad internacional espera que el ministro de Economía, Sergio Massa, realice este ajuste tarifario antes de culminar el año, un paso que se presenta delicado en el panorama político actual, mientras el oficialismo busca recuperar terreno luego de las elecciones primarias.
Desde el ámbito económico, se es consciente de que la toma de esta decisión está «absolutamente condicionada» por el calendario electoral. Al mismo tiempo, el equipo enfrenta la «presión» derivada de los compromisos acordados con el FMI, que ha proporcionado un desembolso de 7.500 millones de dólares a cambio de una serie de medidas destinadas a fortalecer la estabilidad fiscal y las reservas.
Previo a la determinación, los funcionarios aguardan un informe de Cammesa, entidad que administra el sistema eléctrico mayorista. El análisis evaluará el impacto en los costos y la forma en que la devaluación ha influido en el panorama. Recordemos que la empresa ha estado subsidiando las tarifas de luz, que han experimentado aumentos significativos en el último año, especialmente para los estratos de ingresos más altos, debido a la eliminación de subsidios.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, ha confirmado que habrá un ajuste en los costos de la energía en línea con la devaluación del 20% del peso, pero aún no se han especificado los detalles de cómo este ajuste se trasladará a los consumidores. Royón destacó que el impacto en el costo de generación energética es alrededor del 10%, y se está considerando si este ajuste afectará únicamente al segmento de altos ingresos o si se aplicará de alguna manera a otros segmentos.
El aumento de tarifas es un tema que el equipo económico debe resolver, ya que el costo de la energía eléctrica y el gas está vinculado al valor del dólar en un 80% y 100%, respectivamente. La devaluación implica una disminución en los costos cubiertos por subsidios en distintos segmentos, lo que podría requerir un aumento en las subvenciones o en las tarifas para compensar.
La ponderación de estas decisiones recae en la segmentación tarifaria. Los hogares de mayores recursos (nivel 1) ya no reciben subsidios desde mayo, mientras que los de bajos ingresos (nivel 2) mantienen el beneficio en su totalidad. Los sectores medios (nivel 3) reciben subsidios hasta un límite de consumo, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la situación.
La decisión de aumentar las tarifas supone que el Estado absorberá el efecto de la devaluación. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de AFISPOP IIEP-UBA, esto podría traducirse en un gasto adicional de 70.000 millones de pesos hasta fin de año, equivalente a unos 200 millones de dólares.
La cuestión de los subsidios es un asunto delicado bajo el escrutinio del FMI, que ya había establecido una meta para que los subsidios energéticos no superaran el 1,5% del PBI en 2023, en comparación con el 1,9% del año anterior. Ante esta coyuntura, se reafirma la necesidad de «actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los costos de producción», tal como lo señaló el organismo en diversas ocasiones, incluida la reciente visita de Sergio Massa a Washington.
Fuente: Misiones Online
