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El Gobierno nacional anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad a partir de septiembre.

Según fuentes del Ministerio de Economía, las facturas de los servicios de luz y gas experimentarán un incremento promedio del 4%. Este ajuste se implementa en un contexto donde se espera una desaceleración adicional de la inflación, impulsada por la reducción del impuesto PAIS.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del incremento, con expectativas de que las subas oscilen entre el 2% y el 4% en los precios de la electricidad y el gas, así como en los sectores de transporte y distribución de energía. No obstante, fuentes oficiales han confirmado que el aumento promedio será del 4%.

Desde el Gobierno, sostienen que la tendencia a la baja en la inflación permitirá seguir ajustando tarifas y ordenando precios relativos, política que se retomó en agosto. La reducción del impuesto PAIS en septiembre es vista como una medida que contribuirá a una nueva caída en la inflación, según declaraciones del ministro Caputo.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 4% en julio, y las proyecciones para agosto sugieren un comportamiento similar, con la posibilidad de que el dato final sea ligeramente inferior. Además, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tendrán un ajuste del 4,48%, y se prevé una reducción de subsidios al transporte público en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Las tarifas de energía se componen del costo de la energía (PEST o PIST), la tarifa de transporte, la distribución y los impuestos. El ajuste anunciado afectará principalmente el precio de la energía, que cuenta con un subsidio del Tesoro. El Gobierno también está evaluando cómo avanzar hacia una cobertura del 100% del costo real de estos servicios por parte de los usuarios, sin comprometer la estabilización de la inflación.

Analistas económicos destacan la corrección en las cuentas públicas realizada por la administración de Javier Milei, aunque advierten sobre el impacto social, reflejado en una tasa de pobreza del 55% en el primer trimestre de 2024, según datos de la UCA.