Javier Milei confirma el despido de 50 mil empleados públicos más y detalla futuros recortes en el Estado
Durante la clausura del Latam Economic Forum, celebrado en el Salón Golden Mercantil de Parque Norte, el presidente Javier Milei anunció este miércoles que continuará con su «plan motosierra» y despedirá a otros 50 mil empleados públicos.
«Además de reducir a la mitad el número de ministerios, hemos eliminado transferencias discrecionales a las provincias, obras públicas y contratos. Sabíamos que este programa generaría tensión social y una caída de la actividad», reconoció el mandatario.
En un evento empresarial anterior en marzo, Milei había mencionado la eliminación de miles de puestos en el sector público y anticipado una revisión de otros 75 mil. Desde entonces, 25 mil empleados han sido despedidos, y se prevé que aún faltan 50 mil más, principalmente en diversos ministerios.
El proceso de recortes continuará bajo la supervisión del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, siguiendo el modelo implementado por su predecesor, Nicolás Posse. Cada área del gobierno deberá revisar su personal y entregar a Francos una lista de aquellos a quienes no se renovará el contrato. Este proceso se enfocará en contratos que vencen el 30 de junio.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que los despidos seguirán, indicando que «la revisión del funcionamiento de determinadas áreas será un proceso permanente y eterno». No se descartan recortes en organismos descentralizados como Conicet, Enacom, la Superintendencia de Seguros y Anses.
En marzo, cuando Milei anunció despidos de más de 70 mil empleados, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, convocó a un paro y movilización en protesta. Aguiar señaló que el Estado Nacional tenía 65 mil empleados en planta transitoria y 6 mil en asistencia técnica profesional.
Ante la nueva ola de despidos, Aguiar convocó a un paro de 24 horas con movilización al Congreso y anticipó más medidas de fuerza para fines de junio, argumentando que la reforma laboral en curso representa un retroceso en los derechos laborales y en el empleo público, comparándola con las políticas de la última dictadura militar.