Las obras sociales pueden desde hoy fijar coseguros: impacto en millones de argentinos
Desde esta semana, las obras sociales y prepagas tienen la libertad de establecer los valores de los coseguros sin ninguna regulación estatal, una medida que afecta directamente a casi la mitad de los argentinos. Hasta ahora, el Ministerio de Salud imponía topes máximos a estos costos.
El cambio, formalizado a través de la Resolución 1926/2024 publicada el 24 de junio en el Boletín Oficial, implica que los aproximadamente 15 millones de afiliados a obras sociales sindicales nacionales y cerca de 6 millones de usuarios de prepagas se enfrentarán a posibles aumentos en los costos de sus prestaciones médicas.
El coseguro, que es el monto que los pacientes pagan al recibir atención médica, había estado regulado por el Estado. Por ejemplo, para una consulta con un médico generalista, el tope era de 2.019 pesos, mientras que para especialistas era de 3.786 pesos. Los laboratorios tenían un coseguro máximo de 1.262 pesos para seis determinaciones básicas, y las ecografías simples hasta 1.262 pesos. Procedimientos más complejos, como una tomografía axial computarizada (TAC), podían llegar a los 6.300 pesos.
La resolución estipula que cualquier incremento en los coseguros debe ser informado claramente a los beneficiarios al momento de la afiliación y, si se producen cambios durante la afiliación, con al menos 30 días de anticipación.
La nueva normativa no altera las prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO) de 2002, que siguen ofreciendo cobertura total en oncología, discapacidad y el plan maternoinfantil.
Desde las prepagas, se argumenta que la medida podría regular el «sobreuso» del sistema de salud, al comparar planes con y sin coseguro, observándose un 20% menos de uso en los primeros. Sin embargo, críticos advierten que la desregulación encarecerá el acceso a la salud, ya que los coseguros actuales no cubren completamente los costos de las prestaciones, lo que llevará inevitablemente a un ajuste de los valores.
En paralelo, el Gobierno nacional solicitó la renuncia de todos los coordinadores provinciales de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo encargado de la supervisión de las obras sociales. A partir del 1 de julio, estas delegaciones provinciales quedarán vacantes, generando incertidumbre entre los trabajadores del organismo, muchos de los cuales tienen contratos trimestrales renovados durante años.
En Misiones, Mariela Sapper seguirá al frente hasta este viernes, mientras el Gobierno aún no designa reemplazantes para estas posiciones clave.
Esta medida representa un significativo cambio en el sistema de salud privado, con implicaciones que serán observadas de cerca tanto por los usuarios como por las instituciones de salud.
