Realidad Económica: Seis de cada Diez Familias en Argentina Viven con Ingresos Precarios
Un reciente informe emitido por una fuente privada resalta una situación alarmante en Argentina: cerca del 60% de las familias subsisten con ingresos inferiores a los US$ 200 mensuales. Este desolador panorama económico, en constante declive durante la última década, refleja el deterioro sustancial en las condiciones de vida de los hogares argentinos. La nación se enfrenta a un momento histórico, donde las demandas del Estado han aumentado de manera constante año tras año, requiriendo más impuestos para equilibrar un presupuesto público deficitario, afectado por un gasto gubernamental ineficiente y un constante desequilibrio fiscal. Sin embargo, este esfuerzo no solo ha afectado las finanzas estatales, sino que también ha minado las cuentas de los sectores privados, incluyendo tanto a empresas como a familias.
El Estado, representado como una entidad omnipotente, debería proporcionar seguridad económica a los ciudadanos, evitando que arriesguen sus activos y fuentes de ingresos. Pero, lamentablemente, la actualidad económica está caracterizada por una inestabilidad que trastoca cualquier aspiración de los ciudadanos en su vida cotidiana. A pesar de las políticas de redistribución de ingresos, en las cuales los que trabajan, emprenden y crean riqueza han sido requeridos a ceder una parte sustancial de sus ganancias para sostener a un Estado que gasta más de lo que ingresa, la situación ha empeorado para muchos.
Este programa de distribución de ingresos, financiado por impuestos exigidos a aquellos que generan riqueza y crean empleo, ha creado una dicotomía entre los que reciben y los que brindan. En este contexto, el empresariado y los emprendedores, verdaderos motores de la riqueza en una economía frágil, han visto sus ganancias reducidas y su capacidad de generar empleo debilitada.
Estos favorecidos no necesitan responder a las necesidades del público, ya que sus ingresos están asegurados por medio de la coerción impositiva del gobierno. Están exentos de rendir cuentas a sus conciudadanos, ya que dependen del Estado que extrae tributos de las masas. Aunque los intereses ofrecidos por el Estado sean inferiores a los del mercado, esta desventaja se compensa con la solvencia garantizada del deudor, cuyos ingresos derivan de imposiciones fiscales.
Según el último informe del INDEC, una familia promedio de cuatro miembros (compuesta por padre, madre y dos hijos en edad escolar) se encuentra por encima del umbral de indigencia si no logra alcanzar un ingreso equivalente a la Canasta Básica Alimentaria de $111.642, y por encima del umbral de pobreza si no logra alcanzar la Canasta Básica Total de $248.962.
Este informe revela una preocupante tendencia a lo largo de los últimos 10 años, entre 2013 y 2023. Para analizarla, se considera una familia de cuatro miembros en la que dos adultos reciben ingresos promedio iguales en los tres primeros deciles, que representan las características de la población. En 2012, el promedio de ingresos para esta familia era de US$ 2.932, US$ 1.743 y US$ 1.096 respectivamente. Para 2023, esos números se han reducido significativamente a US$ 209, representando aproximadamente el 57% de la población argentina.
Esto implica que los ingresos reales en dólares han caído un 81% en la última década. Los deciles más altos también han sufrido drásticas reducciones, pasando de US$ 2.932 a US$ 744 para el más alto, y de US$ 1.743 a US$ 358 para el siguiente.
Comparando 2023 con 2022, el decil más alto experimentó una caída del 14%, mientras que el siguiente decil, que representa al 27% de la población, cayó un 18%. Finalmente, el 57% de la población tuvo un ingreso promedio de US$ 272 en 2022, disminuyendo a US$ 209 en 2023.
Estos datos indican una realidad angustiosa, acompañada de un deterioro en las condiciones de vida de las familias argentinas. Las políticas implementadas en las últimas décadas han generado un sistema estancado, que ha frenado el progreso y la generación de riqueza. El momento actual representa una elección libre y soberana, donde el incremento de los ingresos debe ser resultado de la competencia y la oferta de bienes y servicios en el mercado. En lugar de depender de dádivas estatales, los ciudadanos deben tener la posibilidad de forjar su propio destino económico.
Fuente: Primera Edicion
